Productores de San Luis rechazaron las retenciones y pidieron la emergencia en la provincia

En dos documentos dejaron asentados una serie de reclamos a los Gobiernos nacional y provincial. La presión impositiva fue incluida entre los temas que preocupan.

En una masiva asamblea, productores y sus dirigentes manifestaron el “contundente rechazo” a los derechos de exportación e insistieron con el pedido al Gobierno provincial para que declare la emergencia agropecuaria para atender los daños de la sequía.

Con la presencia del vicepresidente 1° de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel de Raedemaeker deliberaron durante más de tres horas el último viernes en el predio de la Sociedad Rural que preside Guillermo Pagano. Ambos dirigentes expusieron los panoramas sobre la realidad que los atraviesa.

Las declaraciones de mociones nacionales, de 11 puntos, y de mociones provinciales, 13 ítems, fueron aprobadas por unanimidad por los socios.

Pagano puso la mirada en el giro de la posición del Alberto Rodríguez Saá. En 2008 el Gobierno de San Luis sacó un libro con el planteo de inconstitucionalidad contra las retenciones que llevaba la rúbrica de quien en ese momento como ahora es el gobernador. “Vemos que ahora la Provincia votó a favor de las retenciones; no se puede creer que los gobiernos vayan variando en el tiempo y cambiar su postura”, dijo.

En las conclusiones insistieron en la necesidad que el Gobierno provincial además de declarar la emergencia, adhiera a la Ley 26509 de emergencia nacional.

A la par de esa medida pidieron la urgente conformación de un comité de crisis “para evaluar los daños” y determinar las zonas que deben ser ubicadas bajo el paraguas de la emergencia.

Solicitaron una ayuda “urgente” a pequeños y medianos productores, el buen funcionamiento de los acueductos y un mayor control policial “por los frecuentes casos de abigeato y robos a las propiedades”.

Participaron el presidente de Cartez, Javier Rotondó; delegado por San Luis ante CRA, Raúl Foncueva; vicepresidente y secretario de la Rural de San Luis, Edgardo Ríos y Guillermo Belgrano Rawson, respectivamente; por la rural Río V, Ariel Ayello, Sergio Herrera y Gustavo Del Bosco; por la Rural del Norte, Hugo Díaz Flores; presidente de la Rural Justo Daract, Luis Orquín; por la Rural de La Toma, Rosa Etcheverry; presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos Adolfo Castro Luna y el diputado Héctor Díaz (Dupuy-San Luis Unido), entre otros.

El sector expresó la preocupación por la sumatoria de impuestos y aumentos nacionales, provinciales y municipales, y a su vez, por el incremento “desmedido” del avalúo fiscal, “el cual impacta doblemente en el impuesto inmobiliario y bienes personales”.

El presidente de la Confederación Rural de San Luis, Alejandro Casale se detuvo a señalar la presión impositiva que “los productores ya no soportan más”. En el orden provincial el aumento aprobado se ubicó en el 61% y en el municipal como ocurrió en Justo Daract trepó al 600%.

En cuanto a los caminos rurales que se encuentran “destruidos” manifestaron que es “imprescindible que se aplique el impuesto recaudado por conceptos de contribuciones viales y se ponga en conocimiento a la sociedad del destino de estos fondos”.

Otro de los ejes que analizaron fue la reactivación y actualización de planes provinciales y nacionales, la disminución de los costos de la vacuna aftosa y que el pequeño productor de hasta 50 vacas, no tenga ningún costo.

Insistieron con la constitución de la Coprosave “para entender y recomendar sobre productos fitosanitarios y se conforme por todas las Instituciones relacionadas a la especialidad”.

Agenda nacional

En este contexto plantearon el pedido del cese de comercialización y pidieron por la unidad de los productores y la mesa de enlace.

En el escrito, señalaron que “la ley de reactivación productiva implicó un drástico ajuste extorsivo que salió de los jubilados, la clase media, las economías regionales y la producción general”.

“Sostenemos que los Estados (nacional, provincial y municipal) no han cumplido en reducir el gasto público. Estas medidas lo único que logran es el achicamiento de la producción y el empobrecimiento de la sociedad”, explicaron.

“En estos últimos años con el aporte de las retenciones, el sector agropecuario ha contribuido en más de 200 mil millones de dólares. Lo que ha constituido un acto más que solidario a los sectores más desprotegidos del país. Nos gustaría saber en qué se gastó ese dinero, y porque no sea logrado de reducir el índice de pobreza.

Por ese motivo, le pidieron al Gobierno del presidente Alberto Fernández “en no incurrir en medidas que ya fracasaron en el pasado, como el ROE e intervención de mercados”.

Asimismo, exigieron medidas previsibles a mediano y largo plazo que ayuden a reactivar la producción, el consumo y el incremento de exportaciones, y “la derogación de la ley de distancias mínimas de aplicación de productos fitosanitarios y promover las problemáticas ambientales con una visión científica”.

“Estas políticas nacionales erróneas están dilapidando el presente y el futuro de generaciones venideras. Es nuestra obligación defender la producción agropecuaria. Sin el campo no hay país”, coincidieron.

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